Informe anual del Observatorio: Sin derechos, más vulnerabilidad social al VIH

informe

“Vivir con el VIH no es sencillo. No es solamente una cuestión médica, cuando vives con VIH encuentras obstáculos dentrode la sociedad y renuncias a hacer cosas por temor a ser rechazado. En el día a día he descubierto cómo las cosas más sencillas se convierten en un auténtico reto y, a diferencia del resto de la gente, no puedo hacer preguntas porque supondría revelar mi estado serológico, afirma David (nombre ficticio), estudiante de 23 años, una de las más de 1.200 personas que han sido atendidas en los últimos años por el servicio gratuito de Asesoría Jurídica del Observatorio de Derechos Humanos de REDVIH.

El último año ha estado marcado por la pérdida de derechos, muy especialmente en el ámbito laboral, en el sanitario y en las prestaciones sociales. En el caso de las personas con VIH, esto ha representado aumentar sus retos y dificultar un poco más su día a día.

Así lo refleja el Informe de Consultas 2012 del Observatorio de Derechos Humanos de la REDVIH, que entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2012 ha atendido 163 casos de vulneración de derechos hacia personas con VIH. El principal ámbito de consulta, un año más, ha sido el empleo (24%), casi a la par de la atención sanitaria (23%), el acceso a seguros (17%), situaciones vinculadas con la administración (15%), rechazo en la vida cotidiana (8%), disfrute de servicios de bienestar social y vida familiar (6%) y en menor medida la educación (1%).

“En España todavía te niegan el acceso a los seguros y la obtención de un crédito por tener VIH. Además, el gobierno no ha hecho nada para terminar con las exclusiones en oposiciones como las de la policía nacional y la guardia civil. Siguen vulnerándose los derechos de las personas con VIH en los ámbitos centrales de sus vidas: salud, sustento económico y relaciones personales. Apelamos a la responsabilidad de los poderes públicos para hacer frente a esta situación y proveer de los recursos necesarios a la sociedad”, dice Marco Imbert, miembro del Grupo de Derechos Humanos de REDVIH.

Entrando en mayor detalle en los temas de las consultas, el informe revela que los casos vinculados al mundo del empleo, principalmente se refieren a situaciones de despido, realización del test del VIH en pruebas de acceso y revisiones médicas (a veces sin autorización), violaciones de la confidencialidad, cambios en las condiciones laborales, barreras para optar a puestos de trabajo o negativas a renovar contratos. Incluso en un caso, explica Marco Imbet, el jefe tras conocer que su empleado tenía VIH le llegó a decir: “te haré la vida imposible hasta que te marches.”

En el ámbito de la sanidad, los casos más habituales han tenido que ver con la ruptura de la intimidad y el derecho a la confidencialidad, realización de la prueba sin consentimiento, tratos vejatorios y, muy especialmente, las dificultades para recibir el tratamiento a partir de la aplicación de reforma sanitaria que, tras un año en vigor, ha excluido a miles de inmigrantes del sistema sanitario, con las consecuencias que ello conlleva en el caso del VIH y el sida.

“Las ONG del VIH hemos solicitamos incansablemente al Gobierno que se garantice el respeto a los Derechos Humanos y el acceso igualitario a los servicios de atención y asistencia socio-sanitaria en todo el territorio y para toda la ciudadanía, por tanto, sin exclusión de las personas inmigrantes no regularizadas, no solo por motivos solidarios y de justicia social sino también de salud pública, especialmente evidente en el caso de la infección por VIH. No obstante, el silencio es la respuesta del Gobierno ante una reforma sanitaria que desde su publicación ha dado indicios de ser improvisada”, dice el activista.

En este último aspecto, el Observatorio ha atendido al personal médico que no sabía cómo actuar ante el dilema ético de negar la atención y también hemos apoyado a las personas inmigradas con VIH que, al no tener su situación administrativa regularizada, se encontraban ante el abismo de no poder costearse una medicación vital.
“Junto a la formación, el activismo y la sensibilización, la orientación legal gratuita es una herramienta fundamental que usamos para apoyar a las personas que experimentan trato discriminatorio por tener VIH”, explica Héctor Fortuny, miembro de REDVIH.

Pese al escaso apoyo económico que ha recibido de la administración central, el Observatorio de Derechos Humanos de REDVIH ha empleado todos sus esfuerzos para seguir ofreciendo el servicio gratuito de Asesoría Jurídica y promoviendo todas aquellas actividades que nos puedan llevar hacia una sociedad más justa. “Deseamos que el informe que presentamos, pueda ser una herramienta en manos de activistas y entidades sociales para hacer incidencia política y unir esfuerzos en una misma dirección: la defensa y el respeto de los derechos humanos”, comenta Héctor Fortuny, quien además explica que una de las iniciativas que han puesto en marcha desde la organización ante la poca sensibilidad de la administración es la campaña de captación de fondos echanosunamanita.org, a través de la cual empresas y particulares pueden hacer sus aportaciones para que el Observatorio de Derechos Humanos sea sostenible y pueda seguir prestando sus servicios. Todo “Por una VIHda con derechos”.

Descargar el Informfe 2012 (PDF)

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“Sin papeles” y sin tratamiento para el VIH, un atentado contra la vida y la salud pública

Algunos hospitales ya están negando el tratamiento a los inmigrantes irregulares con VIH, lo que aumentará la mortalidad y facilitará la transmisión del virus.

REDVIH denuncia que el gobierno no tiene evidencias que el pretendido ahorro supere el nuevo gasto que se generará con más hospitalizaciones y la atención en urgencias.

Mediosysida.- 29/08/2012

Desde que el Ministerio de Sanidad diera a conocer el Real Decreto-Ley 16/2012 que, entre otras medidas, deja sin tarjeta sanitaria a partir del 1 de septiembre a las personas inmigrantes no regularizadas, el Observatorio de Derechos Humanos de REDVIH ha recibido diversas consultas no solo de las personas que temen quedarse sin tratamiento antirretroviral sino también por parte del personal sanitario y ONG que consideran que la medida atenta contra los derechos humanos al poner en peligro la vida de cientos de personas con VIH dentro de nuestro país.

Ante ello, el Observatorio denuncia que a tan solo dos días de la entrada en vigor de esta supuesta medida de ahorro, lo que impera en todos los estamentos es la sensación de una total improvisación en lo que se refiere a política sanitaria frente al VIH por parte del Gobierno español.

“Todos los días somos partícipes, a través de la prensa, de decisiones improvisadas tomadas unilateralmente desde el Gobierno con argumentos contradictorios. Primero salió a la luz la idea de crear un sistema sanitario ‘paralelo’ para atender a personas inmigradas con enfermedades crónicas dentro de las ONG. Posteriormente el Ministerio de Sanidad propone el pago de una cuota (más cara que la mayoría de seguros privados) para ser atendido en la sanidad pública. Y también se ha hablado de atender y luego cobrar a los países de origen de quienes hayan utilizado nuestro sistema sanitario (hay suscritos convenios bilaterales solo con seis países y cubren a la ciudadanía asegurada, no a personas inmigrantes irregulares). Así es que, por el momento, todas sus propuestas ‘improvisadas’ carecen de una base legal para ser aplicadas, lo que todavía nos deja más perplejos a quienes hace más de 30 años estamos dando respuesta y atención al Sida en este país”, comenta Héctor Fortuny, activista de REDVIH.

La única certidumbre a fecha de hoy es que la medida entra en vigor inmediatamente -aunque este problema se había venido detectando durante el último año, ahora se generalizará- y tenemos noticias de hospitales donde los profesionales se están encontrando entre la espada y la pared, entre la negativa de la dirección a dar medicación a las personas con VIH y la necesidad de los pacientes “¿Qué ocurrirá con los nuevos casos diagnosticados? ¿Cómo actuar cuando la dirección del hospital pone en peligro la vida de un paciente al negarle la medicación? Exigimos a nuestros gobernantes que rectifiquen. No vamos a permitir que se sobrepasen ciertos límites, porque con la vida no se juega”, dice Joan Bertran de Bes, técnico responsable del Observatorio, quien atiende diariamente las consultas al servicio de asesoría jurídica.

Existen evidencias científicas que la supuesta medida de ahorro causará graves perjuicios a nivel humano y económico que el gobierno parece no haber valorado. “La negación de la asistencia a las personas en situación irregular con VIH u otras enfermedades transmisibles e infecciosas, incrementará el número de nuevos casos y disminuirá la esperanza de vida, generando mayores costos sanitarios vía urgencias y hospitalización. Está claro que es una medida que atenta contra el bienestar social, un fracaso del sistema y un gran paso hacia atrás”, afirma Jesús Ospina, epidemiólogo y miembro de REDVIH.

No podemos olvidar que una de las obligaciones legales del sistema de salud pública es velar por la no diseminación de enfermedades infecto-contagiosas/transmisibles. Al negar los medicamentos antiretrovirales a algunos pacientes se está incumpliendo la propia responsabilidad gubernamental. Si a esto le añadimos, los acuerdos con organismos internacionales firmados por España sobre atención sanitaria y derechos humanos, pareciera también que han decidido incumplir estos compromisos.

Es cierto que algunas Comunidades Autónomas como el País Vasco, Catalunya o Andalucía  han manifestado que no cumplirán con esta medida y atenderán a todas las personas, pero existen dudas sobre cómo se hará, si la cobertura será completa o incluso si realmente se aplicará. Esto no hace más que aumentar la confusión ¿Nos encontraremos con que en algunas zonas se dispensará sin discriminar la medicación para el VIH y en otras no?

En las últimas semanas, el Observatorio también está recibiendo el testimonio de varios profesionales de la medicina de otras comunidades a los cuales la dirección del hospital ya les ha comunicado que no se atenderá a los inmigrantes irregulares que se quedan sin tarjeta. A pesar de ello, muchos de estos profesionales manifiestan que igual que ya han hecho otros 1.300 compañeros y compañeras hasta el momento, su intención es hacer objeción de conciencia y atender a todos los pacientes. Sin embargo temen las posibles consecuencias que les pueda generar a nivel laboral y legal.

Por todo ello, la Red Comunitaria sobre el VIH/sida del estado Español (REDVIH) a través de su Observatorio de Derechos Humanos hace una denuncia pública por la vulneración de los derechos humanos que se avecina y todas sus consecuencias. Así mismo la organización se solidariza y brinda todo su apoyo a los y las profesionales que están decidiendo objetar.

REDVIH, la  Red Comunitaria sobre el VIH/sida del Estado español, somos una red de personas que desde hace 11 años trabajamos de forma coordinada, solidaria y participativa en todo el Estado español y Latinoamérica, con el objetivo de contribuir con mayor eficacia a dar respuesta a la pandemia del VIH e influir en las políticas institucionales. El Observatorio de Derechos Humanos y VIH es un proyecto de REDVIH que realiza acciones de apoyo legal, incidencia política y mediática, formación y sensibilización para promover la defensa de los Derechos Humanos de las personas con VIH.

Informe “El VIH y la Ley: Riesgos, Derechos, y Salud”

La Comisión Global sobre el VIH y la ley (http://www.hivlawcommission.org) en la que hemos participado activamente desde REDVIH asistiendo a la reunión de países con altos ingresos, acaba de sacar el informe “Riesgos, Derechos, y Salud”. Éste presenta evidencia y análisis relacionados con la salud pública, los derechos humanos y los aspectos legales y ofrece, además, recomendaciones a los legisladores y encargados de la formulación de políticas, la sociedad civil, los asociados para el desarrollo y los actores del sector privado que participan en la elaboración de una respuesta global sustentable frente al VIH. Sin duda una herramienta útil en la defensa de los derechos humanos.

Para profundizar, consulta el informe en español.