Observatorio DDHH y VIH

REDVIH denuncia que el Plan Nacional del Sida carece de un enfoque de derechos

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La Red Comunitaria sobre el VIH/sida del Estado español (REDVIH), plataforma de organizaciones y activistas de la sociedad civil que trabajan en la respuesta al VIH en el Estado español, manifiesta su rotundo desacuerdo y preocupación en relación a la resolución provisional de las subvenciones destinadas a financiar programas de prevención y control de la infección por VIH y sida para el año 2013 porque, a través de ella, el Plan Nacional sobre el Sida (PNS): centraliza los recursos; desarticula la participación comunitaria y, principalmente, impulsa un modelo de intervención monológico, carente de un enfoque de derechos y desatiende a las personas con VIH.
En el año 2012, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a cargo de la ministra Ana Mato, tomó la decisión de reducir, con respecto al año anterior, en un 88% el presupuesto total destinado a la respuesta al VIH y al sida en el Estado español. Así mismo, dentro de esta reducción general se incluía una disminución del 75% (de 3.860.000 € a 1.000.000 €) en el crédito disponible para la convocatoria anual de subvenciones con destino a la financiación de programas de la prevención y el control de la infección por VIH y sida. Esta reducción, junto a la utilización de unos criterios técnicos de valoración que ya provocaron serias dudas entre las ONG participantes, provocó que se dejaran de subvencionar proyectos considerados favorables y con una extensa trayectoria en el país y a nivel internacional.
En el año 2013, más allá de aumentar mínimamente el crédito disponible para esta convocatoria a 1.100.000 €, cuantía claramente insuficiente para articular la respuesta al VIH en un país del primer mundo y con una situación epidemiológica como la de España, la resolución vuelve a generar dudas en cuanto a los criterios técnicos utilizados para la valoración de los proyectos, fundamentalmente, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

1.- Centralización de los recursos.- Esta centralización se basa en dos aspectos: a) la resolución asigna a 6 entidades el 65% del dinero disponible y de todas ellas, sólo una se dedica específica y exclusivamente a la respuesta al VIH y al sida; b) más del 70% de la financiación va dirigida a entidades o Plataformas con sede en Madrid.
En contraste a la centralización y concentración de las subvenciones en la capital del Estado, algunas Comunidades Autónomas no han recibido ningún tipo de apoyo o bien, el porcentaje, no corresponde a la atención que brindan a todo el país, como es el caso de las organizaciones con sede en Cataluña que desarrollan proyectos de carácter estatal, que tan sólo han recibido el 3% de la financiación. Claramente, se trata de una situación que no puede responder solamente a criterios técnicos, puesto que el PNS ha dejado fuera a proyectos referentes, únicos, con una dilatada trayectoria y con un importante impacto en todo el territorio nacional como es el caso de nuestros programas (Observatorio de Derechos Humanos y VIH o Mediosysida) u otros como la Línea 900 Rosa o el Servicio de Consultas sobre la infección por VIH, las enfermedades relacionadas y sus tratamientos que ofrece el Grupo de Trabajo sobre Tratamientos del VIH (gTt) a las personas con VIH.
2.- Desarticulación del tejido asociativo y la participación comunitaria.- Esta centralización de los recursos y la asignación de subvenciones a un número menor de organizaciones conlleva numerosas consecuencias importantes, aunque queremos hacer hincapié en un tema fundamental: la participación de la comunidad.
Según definición de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la participación es “un proceso mediante el que las personas pueden implicarse activa y significativamente en la definición de los asuntos que les atañen, en la toma de decisiones sobre los factores que afectan a sus vidas y en la formulación e implementación de políticas, en la planificación, desarrollo y provisión de servicios y en emprender las acciones necesarias para propiciar el cambio” (OMS, 2002). Una clara implicación de esta definición es que una participación comunitaria eficaz en salud conlleva la implicación conjunta de miembros comunitarios con profesionales de la salud y autoridades sanitarias en una asunción compartida de poder y responsabilidad.
La experiencia en el ámbito de la salud y, fundamentalmente, en la respuesta al VIH y al sida ha demostrado que la adopción de un enfoque participativo no sólo contribuye a mejorar los resultados de las intervenciones sanitarias en las comunidades sino que constituye una herramienta esencial de capacitación humana al reconocer y reforzar el potencial de cada persona para gestionar aquellos asuntos que le atañen a nivel individual y para colaborar, cuando actúa de manera colectiva, en el diseño de los servicios que se necesitan y las políticas que van a regular esos asuntos en la sociedad a la que pertenece. De esta forma, sin la participación de la comunidad los proyectos e intervenciones están condenados al fracaso.
En contra de esta experiencia, el Plan Nacional sobre el Sida, a través de la centralización de los recursos que intenta promover a través de la resolución de dicha convocatoria, deja fuera a proyectos enfocados a fomentar la participación de la comunidad en las políticas de respuesta al VIH. Además, excluye a Plataformas Estatales que forman parte del Comité Asesor y Consultivo de ONG (COAC) y de la Comisión Nacional de Coordinación y Seguimiento de Programas de Prevención de Sida. Así, desde la REDVIH nos preguntamos: ¿cómo pretende el PNS que participemos organizaciones como FAUDAS,

REDVIH o la Coordinadora de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales de Cataluña en estos espacios, si sólo permite la interlocución y la voz de grandes plataformas con sede en Madrid que son una parte sesgada de la realidad sobre el VIH en España?
Casi el 50% de las organizaciones miembros del COAC han dejado de tener apoyo económico del PNS, por lo que se reduce la participación a 5 organizaciones, todas ellas con sede en Madrid, que no necesitan desplazamientos y cuyo lobby político está garantizado. Por otra parte, han quedado en el tintero varias iniciativas que están paradas en estos espacios como el Plan Estratégico 2013-2016 o el Pacto social por la no discriminación asociada al VIH y al sida, que dejarán de contar con la participación, las propuestas o el apoyo de una gran mayoría de organizaciones y personas con VIH.
3.- Un modelo monólogico sin enfoque de derechos humanos y sin perspectiva de género.- Desde hace años, las organizaciones civiles de base comunitaria hemos trabajado junto a otros agentes sociales y la administración para fomentar un modelo de salud pública basado en un enfoque de derechos. En este sentido, consideramos que esta resolución es claramente sectaria, unidireccional y desatiende a población vulnerable como es el caso de las mujeres, los y las inmigrantes y en especial a quienes viven con VIH, ya que entre los programas financiados, pocos tienen como valor último la atención de esta población.
Desde la REDVIH queremos hacer hincapié en que la resolución propone un modelo enfocado, fundamentalmente, a la prevención primaria y a la detección precoz (un 87%) y, por tanto, que menos de un 13% va dirigida a la prevención secundaria y/o al apoyo a personas con VIH. Esta visión nos coloca en un modelo que España había superado hace muchos años y nos hace retroceder en el tiempo desaprovechando las lecciones aprendidas y el capital económico de miles de euros invertidos. Ahora retrocederemos por la falta de visión y apoyo para continuar impulsando aspectos como la erradicación del estigma y la discriminación, la reducción de daños en personas consumidoras de drogas, la falta de atención a mujeres, adolescentes y niños/as; y lo que consideramos aún peor: la desatención a las personas que viven actualmente ya con el VIH dentro del territorio español. La omisión de la perspectiva de las personas afectadas, de sus valores, actitudes y comportamientos refleja una clara relación jerárquica de poder por parte del Gobierno y una desestimación de sus derechos.
En REDVIH defendemos que sin un enfoque de derechos, las intervenciones irán al fracaso y la respuesta al VIH en España está condenada a retroceder. Según ONUSIDA el estigma y la discriminación asociados al VIH y el sida son los mayores obstáculos para la prevención de nuevas infecciones. Por ello, si no se atiende este aspecto, como otros tantos, de nada servirán las intervenciones que pretende realizar hoy el Plan Nacional sobre el Sida.
Por todo lo anterior, no sólo manifestamos nuestro desacuerdo sino responsabilizamos a la Ministra de Sanidad, Ana Mato, y a su equipo ante las nuevas infecciones en poblaciones desatendidas; la vulneración de los derechos de las personas con VIH; la carencia de información científica y ética sobre la infección o de atención social y psicológica en colectivos en donde la asistencia sanitaria no llega y que sólo cubren las organizaciones civiles del VIH. Las mismas que actualmente se ven obligadas a cerrar sus servicios y hasta desaparecer a causa de la falta de recursos para continuar.

Por ello, solicitamos al MSSSI:
1.- Como alternativa a la situación generada por la resolución de la convocatoria, que cubra los proyectos que han sido considerados favorables pero que se han quedado sin dotación presupuestaria con otros recursos con los que dispone el Plan Nacional sobre el Sida, por ejemplo, los del Capítulo 2, puesto que entendemos que si la Secretaria General de Sanidad, Pilar Farjas, ha dicho que para el 2014 se mantendrán 3 millones de euros para la respuesta al VIH y al sida quiere decir que para este 2013 existen también esos 3 millones de euros. Aunque no igualaría, al menos de esta forma sí que permitiría incluir programas que actúan contra el estigma y la discriminación, puesto que es necesaria la simbiosis entre estos programas y los de prevención para lograr una respuesta adecuada al VIH y al Sida.
2.- Una reunión urgente con Mercedes Vinuesa Sebastián, directora general de Salud Pública, Calidad e Innovación y Elena Andradas Aragonés, subdirectora general de Promoción de la Salud y Epidemiología para exponerles la situación y encontrar soluciones en beneficio de la comunidad del VIH.
Por último, informamos que REDVIH pedirá las explicaciones pertinentes a través de los mecanismos legales establecidos para tal fin e informará a las instancias nacionales e internacional que así consideremos.

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